El pasado viernes 19 de septiembre en el
Coliseo El Salitre de Bogotá, se reunieron cientos de desplazados atendiendo al
llamado institucional, con el fin de precisar la información referente al procedimiento
para acceder a los planes de vivienda
gratuita anunciados por el presidente de la República.
Como suele ocurrir ni el Jefe de Estado, ni
el ministro de Vivienda, ni el alcalde llegaron a la reunión; fue una delegada
del Ministerio de Vivienda, quien atendió las inquietudes y quejas de los
asistentes, comprometiéndose a tramitarlas en un plazo breve, las cuales
quedaron consignadas en una carta que todos firmaron.
La inconformidad de la población desplazada
radica básicamente en lo demorado que ha sido el proceso de inclusión en el Programa
de Vivienda, la incertidumbre en lo que se refiere al proceso de selección y
principalmente, en lo relacionado con el requisito de contar con un ahorro
programado que es imposible de cumplir por las mismas circunstancias que vive
el desplazado por el conflicto armado, puesto que el Estado según la Ley de
Victimas y su reglamentación, solo financia un porcentaje del valor de las
viviendas.
Igualmente, sobre el hecho de que, a la solución
de vivienda para desplazados por la violencia no se le ha dado el trámite
prioritario establecido en la ley (en el mismo renglón con madres cabeza de
familia y discapacitados), por atender a otros sectores beneficiarios, pero no
tan vulnerables como lo son ellos; incluso se planteó la urgencia de que sean
consolidados todos sus derechos antes que culmine los diálogos de paz, ya que una
eventual etapa de postconflicto seguramente se centrará la atención en otras víctimas
del conflicto armado por razones obvias.
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